Rotular por obligación: cuando la lengua deja de unir para ser una imposición
En Cataluña estamos acostumbrados a que la lengua ocupe un lugar central en el debate político, pero lo sucedido en Tarragona eleva un peldaño más la tendencia a convertir el uso lingüístico en un instrumento coercitivo. El nuevo pacto entre PSC y Junts, que obliga a que ningún negocio pueda abrir sin garantizar rotulación en catalán, vuelve a colocar al comerciante —al pequeño autónomo, al emprendedor que decide abrir una persiana— en el centro de un conflicto que no ha generado él, pero cuyo coste sí tendrá que asumir.
Por supuesto, promover el catalán es legítimo. Es deseable, incluso. Una lengua se fortalece cuando se usa, cuando se transmite, cuando se acompaña con recursos pedagógicos y campañas de sensibilización. Pero cuando se convierte en requisito administrativo indispensable, cuando se vincula a una licencia de apertura, cuando se sitúa al comerciante bajo la sospecha de incumplimiento y sanción, entonces deja de ser promoción y se convierte en imposición.
La medida se justifica bajo la invocación de la Ley de Política Lingüística y del supuesto objetivo de garantizar una “lengua compartida por todos”, en palabras del alcalde Ruben Viñuales. Y, sin embargo, cuesta entender cómo se puede fomentar una lengua compartida mediante un marco que excluye cualquier alternativa desde el minuto cero. ¿Es realmente compartida una lengua que solo se permite si está en el cartel, en el rótulo y en la documentación con carácter obligatorio?
El pacto incluye refuerzos presupuestarios para la Oficina de Promoción del Catalán, la creación de la Mesa Local del Catalán y una red ampliada de entidades que participarán en la supervisión lingüística. Todo ello puede tener una lectura positiva si se orienta a acompañar, informar y fomentar el aprendizaje. Pero incrustarlo dentro de un acuerdo donde el cumplimiento lingüístico se convierte en condición previa para abrir un negocio transmite un mensaje claro: antes que emprender, antes que contratar, antes que generar actividad económica, hay que pasar por el filtro lingüístico.
Resulta especialmente llamativo que esta política nazca del entendimiento entre PSC y Junts. Tras escenificar rupturas en Sabadell o lanzar discursos grandilocuentes sobre modelos de país supuestamente incompatibles, ambos partidos vuelven a coincidir en un terreno donde siempre han encontrado afinidad: la idea de que el catalán solo se protege mediante mecanismos restrictivos en vez de incentivos reales.
El catalán no necesita más guardias lingüísticos. Tampoco necesita convertir la diversidad natural de una ciudad —“mosaico de procedencias y lenguas”, según el propio alcalde— en un requisito uniforme que borra esa pluralidad en el espacio público. Lo que necesita es prestigio social, oferta cultural, oportunidades de uso y enseñanza de calidad. Y todo eso se consigue con políticas inteligentes, no con cláusulas excluyentes.
La pregunta de fondo es sencilla:
¿Qué modelo de convivencia queremos?
¿Uno en el que la lengua oficial se convierte en frontera burocrática para quien llega o quiere emprender? ¿O uno en el que las lenguas conviven y se enriquecen mutuamente sin que el Estado o los ayuntamientos tengan que vigilar cada rótulo?
La lengua es un patrimonio común. Convertirla en requisito policial no la protege; la aleja de quienes podrían abrazarla de forma natural.
