La Audiencia de Barcelona ordena investigar a Joan Laporta y directivos del FC Barcelona por presunta estafa

La Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir la investigación contra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente Rafael Yuste, el economista y ex directivo Xavier Sala i Martí, y Joan Oliver, ex responsable de TV3 y antiguo propietario del CF Reus, por una presunta estafa de 100.000 euros a una inversora.

Según el auto, la denunciante invirtió esta cantidad en dos sociedades vinculadas a los acusados, Core Store SL y CSSB Limited, a cambio de una rentabilidad anual del 6%. La causa había sido archivada inicialmente por el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, pero la Audiencia considera necesario reabrirla y practicar las diligencias precisas para determinar si la inversora fue víctima de un “negocio criminalizado”.

La querella, presentada por el abogado Pepe Oriola, detalla que en 2016 la mujer fue invitada a invertir en proyectos vinculados al ascenso deportivo del Club de Fútbol Reus y a la creación de una academia futbolística en China inspirada en el modelo de La Masia. Según su relato, los proyectos eran percibidos como “estables” y contaban con la participación de personas “ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial”, lo que influyó en su decisión de invertir.

La inversora entregó 50.000 euros a Core Store, sociedad administrada por Joan Oliver, bajo la modalidad de un préstamo a cinco años con intereses del 6%. Además, aportó 54.000 dólares a CSSB Limited en agosto de 2016. La querellante asegura que, tras solicitar información sobre la inversión, las respuestas de la sociedad fueron evasivas o promesas de envío de información que nunca se materializó.

Este caso representa la cuarta querella en Barcelona por supuestas estafas relacionadas con la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong, lo que ya había llevado a la declaración de Laporta como investigado en enero de este año ante otro juez de la capital catalana.

La Audiencia subraya que no se trata de simples “mala gestión empresarial” ni de inversiones arriesgadas aceptadas por la inversora, sino de hechos que podrían tener “trascendencia delictiva”. Entre estos, destacan la falta de información veraz sobre el destino de los fondos, la instrumentalización de sociedades con problemas de liquidez y la captación de capital basada principalmente en el prestigio social de los implicados.

Asimismo, el auto recalca que las ofertas de solvencia empresarial y económica no se correspondían con la realidad, y que algunos préstamos presentados como participativos eran en la práctica simples préstamos sin garantías adicionales. Según la Audiencia, estos indicios podrían apuntar a un “negocio criminalizado” más allá de un mero incumplimiento civil.

Será ahora el juzgado de instrucción quien decida los próximos pasos, incluyendo la posible citación de Laporta, Yuste, Sala i Martí y Oliver para declarar.