Demandan a la Generalitat que retire su apoyo al Congreso Islámico de Cataluña tras la intervención de dos investigados por islamismo radical
Un grupo de jóvenes patriotas ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la colaboración del Gobierno de Cataluña, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, en la financiación de un congreso organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), al que se le han asignado 64.000 euros en subvenciones públicas.
Desde esta organización, se argumenta que esta contribución convierte a la Generalitat en cómplice de una plataforma que, según ellos, promueve ideologías que son incompatibles con los principios constitucionales.
El colectivo también ha señalado la participación de oradores que, según sus afirmaciones, tienen vínculos con el salafismo y el yihadismo, mencionando a figuras como Taoufik Cheddadi y Yusuf Soldado, apodado como «el salafista de Mataró». Aseguran que la presencia de estos ponentes representa un claro riesgo de radicalización entre los jóvenes asistentes y una amenaza para la seguridad ciudadana y nacional.
Asimismo, han criticado los contenidos ideológicos del congreso, argumentando que estos van en contra de los valores del Estado de derecho. Sus principales preocupaciones se centran en tres aspectos: el antiliberalismo que rechaza la separación entre religión y Estado, la discriminación de género que promueve la sumisión de la mujer, y una involución científica que sustituye el conocimiento científico por postulados religiosos, como lo que denominan «psicología islámica».
En su comunicado, los jóvenes patriotas exigen la suspensión inmediata del apoyo institucional y la retirada de las subvenciones al congreso y a las entidades organizadoras, mientras existan sospechas fundadas de que los fondos públicos se destinan a fines extremistas o integristas.
El portavoz nacional, David Izquierdo, enfatiza que los fondos de los contribuyentes no deben utilizarse para financiar ideologías que atenten contra la igualdad, la libertad y la dignidad de la mujer, advirtiendo que la Generalitat será responsable si continúa colaborando con el evento.
Finalmente, la asociación ha confirmado que enviará una carta formal a los organismos competentes del Gobierno, solicitando medidas correctivas y reafirmando su compromiso con la legalidad, la seguridad y la defensa de los valores de España.
