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120 de las 180 personas vulnerables del B9 ya han sido realojadas: Avances en la atención social

120 de las 180 personas vulnerables del B9 ya han sido realojadas: Avances en la atención social

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha denunciado la falta de acción del Ayuntamiento de Badalona en la atención a las personas vulnerables que fueron desalojadas el pasado miércoles del antiguo instituto B9. En sus declaraciones, la consellera enfatizó que no es humano dejar a estas personas en la calle, especialmente en un contexto de emergencia climática caracterizado por las bajas temperaturas y las lluvias.

Hasta ahora, gracias a un acuerdo alcanzado entre entidades sociales y el Gobierno, se ha logrado reubicar a 120 de las 180 personas identificadas como vulnerables que residían en el edificio. Martínez Bravo subrayó que este alojamiento temporal se mantendrá, al menos, durante las festividades navideñas.

El pacto no solo benefició a quienes han estado durmiendo bajo el puente de la autovía C-31, a pocos metros del B9, sino también a aquellas personas que, debido a la presión vecinal, no pudieron acceder a la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, así como a las que ocupaban el antiguo albergue de Can Bofí Vell.

A pesar de los esfuerzos, la consellera reconoció que alrededor de 60 personas rechazaron la reubicación, lo que atribuyó a la complejidad del proceso de derivación a los servicios sociales, que no se ha llevado a cabo de manera suficiente por parte del consistorio. Martínez Bravo mencionó que el Ayuntamiento solo había gestionado derivaciones para un 16% de las personas vulnerables del B9.

En una entrevista reciente, la consellera también criticó la inacción del Ayuntamiento en relación a Can Bofí Vell, un espacio que fue cerrado hace poco tiempo. En una carta enviada al alcalde, Xavier García Albiol, solicitó la reapertura de la masía para ofrecer una solución inmediata a los desalojados, pero el alcalde se opuso, argumentando que no estaba en condiciones adecuadas.

A pesar de las críticas hacia la gestión municipal, Martínez Bravo admitió que la situación en el asentamiento era muy delicada y que, en algunos casos, se habían presentado cuestiones delictivas. Sin embargo, destacó que esto no debía empañar la realidad de que muchas de las personas allí presentes no tenían otras alternativas de vivienda.