El Govern examinará los contenidos de la controvertida escuela de Terrassa
El Govern de la Generalitat ha decidido intervenir en la escuela concertada Mare de Déu del Carme, ubicada en Terrassa, tras recibir múltiples denuncias por un presunto giro ultracatólico y ultraconservador en su dirección. Este centro, conocido popularmente como El Karmel, se verá sometido a un control exhaustivo de su programa educativo, así como a la obligación de demostrar que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza.
Esta intervención es fruto del trabajo de la Comisión de Conciliación, que se formó el 23 de octubre con el objetivo de evaluar si el centro estaba incumpliendo las condiciones de su concierto educativo. En un reciente documento, la directora de los Servicios Territoriales comunicó a los miembros de esta comisión —que incluye a representantes de la administración, de la dirección, del profesorado y del consejo escolar— que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad.
La resolución establece un calendario de seguimiento que se extenderá durante los próximos cursos, con el fin de resolver un conflicto que ha inquietado a la comunidad educativa en los últimos nueve meses.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es el uso del catalán. La Generalitat intensificará la supervisión para asegurar que el idioma catalán sea efectivamente la lengua de enseñanza en el centro y que todos los docentes cumplan con los requisitos lingüísticos establecidos. En este sentido, dos profesores deberán alcanzar un nivel mínimo C1 en la primera convocatoria, prevista para mayo de 2026. Si no logran esta acreditación al finalizar el curso, perderán su estatus en el régimen de pago delegado. Durante el curso 2025-2026, estos docentes también deberán aprobar una prueba de lengua catalana a través de oposiciones, aunque esta no sustituirá la acreditación oficial. Además, la Inspección Educativa realizará visitas regulares al centro para verificar que todas las asignaturas se imparten en catalán, tal como estipula el proyecto lingüístico de la escuela, una situación que las familias han denunciado reiteradamente.
En cuanto a los contenidos educativos, las quejas de los padres apuntan a un supuesto cambio en la ideología del centro, especialmente en materias como Historia y Ciencias Sociales. Por ello, la resolución incluye un control sobre las programaciones didácticas y los materiales utilizados, poniendo especial énfasis en estas áreas para asegurar una supervisión directa del contenido impartido.
Asimismo, el centro deberá mejorar la transparencia y la comunicación con las familias. La administración revisará la carta de compromiso para definir claramente el carácter del centro y exigirá reuniones informativas sobre el Proyecto Educativo de Centro (PEC). También se implementará una encuesta anual de satisfacción y se mejorará la información sobre actividades complementarias y excursiones.
Desde el entorno de las familias denunciantes, la resolución se interpreta como una validación de sus preocupaciones. Un padre del centro ha afirmado que el documento «desmantela el relato que se ha intentado imponer» y destaca que no se menciona en ningún momento la difamación por parte de las familias, sino que se abordan cuestiones que la propia comisión ha investigado y considerado relevantes.
Por su parte, la dirección del centro ha negado cualquier cambio ideológico o prácticas de adoctrinamiento, defendiendo su proyecto educativo ante las acusaciones recibidas.
