Ocho Expertos Asumen la Redacción de la Nueva Ley del Taxi: Cambios Clave en el Sector

El futuro de la movilidad en Barcelona se encuentra en un momento crucial, con la propuesta de una nueva ley que busca regular el servicio de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber y Cabify. A partir de principios de 2026, el Parlament de Catalunya iniciará una fase decisiva de comparecencias, enmiendas e informes relacionados con esta nueva normativa. Un grupo de ocho diputados se encargará de liderar este proceso.

La futura legislación, que se refiere formalmente como la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, no proviene del Gobierno catalán, sino que es impulsada por cinco grupos parlamentarios: el PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, quienes suman un total de 107 escaños de los 135 que componen el Parlament. Aunque existen diferencias en algunos aspectos del texto, todos están de acuerdo en la necesidad de establecer un nuevo modelo de transporte en Catalunya.

El proceso legislativo ha sido llevado a cabo a través de la vía ordinaria, lo que significa que no se han solicitado procedimientos de urgencia que acorten los plazos. La Mesa del Parlament, compuesta por Junts, ERC y el PSC, admitió la propuesta en septiembre. Hasta el momento, solo se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte de Vox, la cual no cuenta con apoyo suficiente.

La tramitación definitiva no podrá comenzar hasta que la junta de portavoces incluya la votación de esta enmienda en el orden del día, un procedimiento que no se llevó a cabo en diciembre. No obstante, se estima que en unas tres semanas, durante el primer pleno del nuevo año, la propuesta podría comenzar a avanzar. Una vez que se desestime la moción de Vox, el texto podrá ser considerado formalmente y enviado a la Comisión de Territorio y Vivienda, donde un grupo de 15 diputados se encargará de su estudio.

Dentro de esta comisión, se formará una ponencia específica para la ley del taxi, compuesta por un representante de cada uno de los ocho grupos políticos. Este proyecto ha tenido múltiples influencias, ya que ha pasado por tres gobiernos de distintos colores, siempre con el respaldo del sindicato mayoritario de taxistas, Élite Taxi, que ha estado presionando por una nueva regulación. Los ocho ponentes serán los encargados de redactar el texto que finalmente se someterá a votación.

La primera tarea de esta ponencia será acordar una lista de comparecencias de representantes del sector y de afectados externos. Se espera que estas sesiones sean numerosas, y los diputados tendrán la oportunidad de realizar preguntas. La cantidad de convocados indicará la duración del proceso, que normalmente requiere al menos de tres a cuatro meses. Además, los ponentes discutirán informes y propondrán enmiendas parciales.

Cada grupo parlamentario ha designado a su representante para esta ponencia. El PSC, aún sin una decisión formal, perfila a José Ignacio Aparicio como su ponente. Aparicio, periodista con experiencia como alcalde, subraya la importancia de escuchar a diversas entidades y actores sociales para construir un consenso en torno a la nueva ley. Por su parte, Junts ha elegido a Maria Ortiz, quien aboga por escuchar a todos los actores involucrados y ha señalado la necesidad de elevar el nivel de catalán requerido para los conductores. ERC, en cambio, ha nombrado a Joan Ignasi Elena, un político con amplia experiencia en el ámbito del derecho laboral.

El PP ha designado a Àngels Esteller, quien ha expresado la necesidad de escuchar todas las voces en el debate. Los Comuns han optado por Lluís Mijoler, quien enfatiza la importancia de avanzar con calma y consenso. Por último, la CUP ha elegido a Laure Vega, activista enfocada en la precariedad laboral y la desigualdad.

Se prevé que el texto de la ley no esté listo para su votación antes de finales de marzo, aunque los taxistas aspiran a que se apruebe antes de Semana Santa. Sin embargo, no hay consenso sobre una fecha alternativa, lo que añade incertidumbre al proceso.