El campo europeo celebra un freno al Mercosur, pero mantiene la presión
Las organizaciones agrarias han recibido como una victoria la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Un paso que, de confirmarse los plazos habituales, podría retrasar la entrada en vigor del tratado entre 18 y 24 meses y que el sector interpreta como una respuesta directa a semanas de protestas en toda Europa.
Cortes de carretera, tractoradas y movilizaciones masivas han marcado la agenda agraria desde comienzos de año. En Estrasburgo, el mensaje parece haber calado. “Hemos convencido a una mayoría del Parlamento Europeo para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo”, ha celebrado Andrés Góngora, responsable de Tratados de Libre Comercio de COAG, tras conocerse la decisión de la Eurocámara.
En Catalunya, las protestas arrancaron con especial contundencia justo después de Reyes. Durante varios días, el campo catalán se movilizó hasta lograr el compromiso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de apoyar al sector para minimizar los posibles efectos negativos del acuerdo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En el resto de España, las tractoradas se han sucedido en numerosas ciudades y las organizaciones agrarias ya han anunciado que continuarán la próxima semana, pese a la paralización temporal del pacto.
COAG, Asaja, UPA o Unió de Pagesos coinciden en que el freno al Mercosur no es suficiente. El objetivo final sigue siendo tumbar definitivamente el acuerdo. Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) subrayan que las movilizaciones también servirán para reclamar precios justos y una Política Agraria Común (PAC) “con financiación suficiente y estructura propia”. En la misma línea, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos insiste en que “la presión de nuestros productores ahora es aún más importante”.
Más prudente se ha mostrado Unió de Pagesos. Su coordinadora, Raquel Serrat, recuerda que el Parlamento Europeo no podrá votar el acuerdo hasta que el TJUE emita su dictamen, un proceso largo y jurídicamente complejo. Advierte, además, de que la Comisión Europea aún podría proponer la aplicación provisional del tratado, aunque por ahora solo se ha autorizado su firma y no existe ningún debate formal al respecto.
Más allá del Mercosur, el conflicto revela un malestar mucho más profundo. Economistas especializados en el sector primario coinciden en que el acuerdo comercial no es el principal problema del campo europeo, pero sí ha actuado como catalizador de agravios acumulados durante la última década. El Pacto Verde Europeo y sus exigentes requisitos medioambientales han encarecido los costes de producción; la reforma de la PAC ha añadido más burocracia y condicionantes ecológicos; y el cambio climático ha golpeado con sequías y olas de calor cada vez más destructivas.
A todo ello se suman la inestabilidad derivada de la guerra de Ucrania, la aparición de nuevas enfermedades animales y un cierto oportunismo político por parte de formaciones extremistas. En un sector formado mayoritariamente por pymes, el equilibrio es frágil. Para muchos agricultores y ganaderos, el Mercosur ha sido la gota que ha hecho estallar la olla a presión.
El freno europeo da oxígeno al campo, pero no apaga el incendio. Las movilizaciones continúan y el mensaje es claro: el sector agrario exige cambios estructurales y no piensa bajar los tractores de la carretera hasta sentirse escuchado.
