La Generalitat inicia el proceso para la legalización de 700 urbanizaciones en Cataluña
La Generalitat de Catalunya ha dado un paso significativo para la legalización de aproximadamente 700 urbanizaciones que se encuentran en una situación irregular. Esta medida, aprobada recientemente en el Consell Executiu, busca facilitar que los ayuntamientos regularicen zonas construidas entre 1956 y 1981 que carecen de la necesaria legalización. Estas áreas han sufrido por la falta de servicios básicos como agua potable, iluminación, pavimentación y drenaje, lo que ha generado dificultades tanto para los residentes como para las administraciones locales.
El cambio normativo permitirá que los municipios, especialmente los más pequeños, puedan abordar este desafío, afectando a cerca de 120.000 ciudadanos en toda Catalunya. Actualmente, se han identificado un total de 1.433 urbanizaciones con deficiencias, de las cuales aproximadamente 300 se localizan en la provincia de Barcelona, concentrándose en localidades como Corbera de Llobregat, Santa Eulàlia de Ronçana, Cervelló, Palau-solità i Plegamans y Sant Cugat del Vallès.
Alcaldes de diferentes partidos, incluidos los socialistas y miembros de Junts, han estado en contacto con el Gobierno para discutir esta situación, argumentando que hasta ahora no han contado con las herramientas normativas ni los recursos financieros necesarios para abordar las necesidades de estas comunidades. La nueva normativa no solo facilita la regularización de estas urbanizaciones, sino que también establece un acuerdo entre el Departamento de Territorio y el Institut Català de Finances (IFC) para proporcionar financiación a los ayuntamientos afectados.
La consellera Sílvia Paneque ha subrayado que este compromiso del Gobierno está enfocado en las políticas de vivienda y en apoyar a los municipios con menos capacidad de acción. Montse Canas, alcaldesa de Cervelló, ha señalado que su administración se había visto limitada por la legislación que obligaba a los vecinos de las urbanizaciones no legalizadas a financiar los servicios por su cuenta, lo que ha resultado en la falta de infraestructura adecuada.
En la semana del 20 de abril, la Generalitat convocará a los ayuntamientos para explicarles cómo se aplicará esta nueva normativa y cómo podrán acceder a soporte técnico. Entre los cambios, se incluye la posibilidad de que las urbanizaciones establezcan sistemas autónomos de saneamiento para el tratamiento de aguas, lo que podría aliviar el costo de infraestructuras esenciales.
La reforma también permitirá a los municipios regularizar los servicios de manera individual, en lugar de requerir que se haga de forma conjunta, lo que simplificará el proceso. Esta normativa, parte de la ley 11/2025 sobre medidas en materia de vivienda y urbanismo, fue aprobada con el apoyo de varios partidos políticos, marcando un avance en la regularización de estas áreas residenciales.
