Barcelona revela que solo ha conseguido 34 viviendas sociales con la reserva del 30% desde 2018
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que desde la aprobación de la reserva del 30% para vivienda social en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones en diciembre de 2018, únicamente se han conseguido 34 viviendas de protección oficial. La teniente de alcalde Laia Bonet, del PSC, destacó que, aunque se están logrando nuevos pisos, el progreso no es el esperado. En una comparecencia solicitada por Barcelona en Comú en la comisión municipal de Urbanismo, Bonet sugirió que el número podría ser mayor si se hubieran realizado modificaciones a la normativa.
Esta medida es uno de los pilares del gobierno de Ada Colau, y el PSC ha intentado sostenerla mediante revisiones y negociaciones con Junts, aunque hasta ahora no han tenido éxito. Lucía Martín, concejala de BComú, acusó al gobierno del alcalde Jaume Collboni de intentar desactivar esta normativa, criticando su falta de acción al no imponer sanciones significativas por incumplimientos, que pueden oscilar entre 90.000 y 900.000 euros. Los Comuns consideran que esta actitud es negligente y contraria a las recomendaciones de los servicios técnicos, dejando abierta la posibilidad de recurrir a instancias judiciales.
Bonet defendió la gestión del Ayuntamiento, afirmando que no se está ante una inacción, ya que desde 2022 se han iniciado aproximadamente 2.500 procedimientos por obras sin licencia y se han impuesto más de 830 multas en casos donde no se solicitó el permiso correspondiente. La teniente de alcalde enfatizó que la solicitud de licencia es esencial para verificar que los promotores cumplan con la reserva de viviendas que deben ceder a la administración.
Explicó que algunos operadores realizan obras de manera ilegal sin solicitar la licencia correspondiente, lo que impide la aplicación de la normativa del 30%. En esos casos, se están imponiendo multas coercitivas hasta que legalicen las obras. Bonet citó el caso de la promotora New Amsterdam, sancionada con más de 20.000 euros por un proyecto en el barrio de Gràcia, y reiteró que se seguirán aplicando multas hasta que se presenten las solicitudes de licencia necesarias.
Martín, por su parte, cuestionó la efectividad de las acciones tomadas por el Ayuntamiento, argumentando que ninguno de los expedientes abiertos ha resultado en sanciones significativas. Criticó lo que considera un «régimen de impunidad» respecto al incumplimiento de la reserva del 30%. Bonet, en respuesta, subrayó que el propósito de esta normativa no es sancionar, sino generar vivienda protegida, y reconoció que los resultados actuales son insatisfactorios, lo que justifica la necesidad de una revisión que la haga más eficiente.
