5.200 Millones y 15 Años Después: El Tren Futurista que Justifica el Apoyo de ERC a los Presupuestos del PSC
El ambicioso proyecto de la Línia Orbital Ferroviària no es una iniciativa reciente, sino que tiene más de dos décadas de historia. Concebido en 2004 durante el mandato del tripartito liderado por Pasqual Maragall, el plan quedó prácticamente paralizado tras la crisis económica de 2008. Desde entonces, ha permanecido como una propuesta latente, mencionada en diversos planes estratégicos y reservada urbanísticamente, pero sin avances significativos.
Recientemente, ERC ha posicionado este proyecto como una condición política esencial para desbloquear los presupuestos de la Generalitat, lo que ha generado un notable interés mediático.
La línea busca conectar localidades como Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, evitando el paso por Barcelona. Esta estrategia pretende desafiar el modelo radial del sistema ferroviario actual, que obliga a los viajeros a ingresar a la capital catalana para casi cualquier trayecto. En teoría, la propuesta tiene sentido, ya que pretende facilitar la conexión entre el Vallès Oriental y Occidental, disminuir la dependencia del automóvil y ofrecer alternativas ante posibles interrupciones en el servicio de Rodalies, contribuyendo así a la creación de una «Catalunya metropolitana» que alberga cinco millones de habitantes.
Sin embargo, hay que matizar que gran parte de la infraestructura ya existe. Aunque ERC menciona “120 kilómetros” de línea, solo 68 de estos serían realmente nuevos; el resto utilizaría vías ya en funcionamiento, particularmente en el área de la actual línea R8. Esto implica que no se trata de una nueva línea en su totalidad, como se presenta desde un enfoque político. De hecho, el propio plan de ERC reconoce que la «fase cero» se centra principalmente en reforzar y adaptar infraestructuras ya operativas.
Esto plantea la pregunta sobre la justificación del elevado coste total del proyecto, estimado en 5.200 millones de euros. El desglose del presupuesto incluye 4.800 millones para infraestructura, 400 millones para trenes y material móvil, y 15 millones para estudios iniciales. Gran parte de este coste proviene de la necesidad de construir nuevos túneles, intercambios, duplicaciones de vías, estaciones completamente nuevas y la adaptación de corredores logísticos, lo que añade complejidad a la ejecución en áreas urbanas densamente pobladas.
Además, varios tramos del proyecto se encuentran en zonas con altos desafíos técnicos, como los dos Vallesos, el entorno de Martorell y las conexiones con Ferrocarrils de la Generalitat, así como en corredores industriales y logísticos vinculados al puerto y al Corredor Mediterrani. En resumen, el enfoque del proyecto parece más orientado a la reconstrucción de la movilidad ferroviaria metropolitana que a la simple optimización de vías existentes.
Respecto al calendario de implementación, es un aspecto que desvirtúa el discurso político actual. Aunque ERC presenta el proyecto como un logro inminente, las proyecciones indican que se trata de una infraestructura de largo plazo. Los plazos estimados indican que los estudios informativos se llevarían a cabo entre 2027 y 2028, seguidos de las primeras obras parciales entre 2028 y 2031, y que la línea completa no estaría operativa hasta dentro de 14 a 15 años, siempre que no surjan contratiempos.
El gran desafío político radica en la dificultad de promover un proyecto de tal magnitud mientras el sistema actual de Rodalies enfrenta constantes problemas de funcionamiento, retrasos y saturación. Surge así la pregunta: ¿es razonable invertir en una macroinfraestructura de 5.200 millones de euros cuando el sistema existente no logra operar adecuadamente? Muchos usuarios podrían valorar más la puntualidad y la fiabilidad del servicio actual que la promesa de una línea orbital que no estará disponible hasta dentro de más de una década.
Más allá de la movilidad, la Línia Orbital Ferroviària tiene un marcado significado político. Representa la consolidación de un pacto entre ERC y el Gobierno de Salvador Illa, permitiendo a Oriol Junqueras posicionarse como “el facilitador” de proyectos que benefician a la ciudadanía, más allá de la independencia. ERC busca presentarse como un partido útil, compitiendo en la gestión territorial, mientras que Illa necesita un gran acuerdo que le permita aprobar presupuestos y transmitir estabilidad. Así, el proyecto ferroviario se convierte en un símbolo político más que en una obra de inminente ejecución.
