Avance de la Ordenanza de Civismo en medio de la lucha por el liderazgo en Junts

El Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta a una importante tarea antes de cerrar el año: la reforma de la ordenanza de civismo. Tras haber superado la aprobación de los presupuestos para 2026 mediante una cuestión de confianza, el alcalde Jaume Collboni se ha comprometido a que este nuevo marco normativo esté aprobado antes de que finalice diciembre. La votación inicial está programada para esta semana en la Comisión de Presidencia, aunque se prevé que se convoque una sesión extraordinaria, dado que no figura en el orden del día de la reunión ordinaria del miércoles. La aprobación definitiva está prevista para el pleno del 19 de diciembre.

El PSC ha centrado sus esfuerzos en llegar a un acuerdo con Junts, el único partido de la oposición que le permitiría alcanzar la mayoría, aunque no se descarta la posibilidad de incluir a otros grupos interesados en el último momento. El teniente de alcalde Albert Batlle y su equipo están trabajando para avanzar en la modificación de esta norma, que tiene dos décadas desde su entrada en vigor en 2006, lo que representaría un cierre significativo a su trayectoria política.

Sin embargo, el debate interno sobre el liderazgo de Junts de cara a las elecciones de 2027 podría complicar esta aprobación. Este fin de semana, el partido ha iniciado el proceso para elegir a su candidato a la alcaldía, tras la aprobación de un reglamento que establece cómo se seleccionarán los aspirantes. Esto significa que cada localidad podrá nombrar a su candidato si se llega a un consenso o convocar primarias, un hecho especialmente relevante en la capital catalana. Dos nombres destacan en las apuestas: Josep Rius, regidor y vicepresidente del partido, cercano a Carles Puigdemont, y Jordi Martí, heredero de Xavier Trias y actual líder del grupo municipal, quien ha manifestado su deseo de postularse.

Actualmente, se están considerando dos escenarios: un acuerdo entre los aspirantes que permita una proclamación y retirada amistosa, o la celebración de unas primarias si ninguno de los candidatos se retira. Ambos escenarios tienen el potencial de influir en los plazos de aprobación de la ordenanza, dado que la votación se llevará a cabo en menos de dos semanas.

Martí ha liderado las discusiones con el gobierno municipal sobre la ordenanza y aboga por una norma más rigurosa en cuanto a sanciones, viendo esto como la culminación de meses de trabajo. En contraste, Rius adopta una postura más cautelosa en relación a las políticas punitivas y ha sido menos activo en estas negociaciones. Ambos son miembros de la Comisión de Presidencia, donde es habitual que la oposición reserve su voto en aprobaciones iniciales delicadas para ganar tiempo sin revelar su postura.

Además, hay un factor externo que podría entorpecer las negociaciones: la compleja relación entre el PSOE y Junts a nivel nacional, que a menudo afecta los acuerdos en el ámbito municipal. Aunque la mayoría de los pactos de Collboni han sido con ERC y los Comunes, el gobierno socialista no ha cerrado la puerta a colaborar con Junts, como se evidenció en negociaciones anteriores sobre vivienda protegida y la regulación de pistolas Taser, que quedaron frustradas por la situación política nacional.

La ordenanza de civismo representa una de las últimas oportunidades para un acuerdo entre el PSC y Junts antes de que finalice el mandato. Los postconvergentes han presentado 12 alegaciones centradas en reforzar el cumplimiento de la norma, asegurar el cobro de sanciones y combatir la multirreincidencia a través de medidas más severas. Algunos de estos puntos ya se abordaron en el pleno de noviembre, donde se aprobó una propuesta para incluir información relevante sobre convivencia en los informes de arraigo.

Por su parte, ERC y los Comunes han mostrado una postura escéptica respecto a un aumento de sanciones. La formación republicana, que ha tenido contactos con el gobierno municipal, observa con atención si se concreta un pacto con Junts mientras analiza la reforma propuesta. En cambio, los Comunes han votado en contra de la propuesta del PSC desde el principio, argumentando que han sido rechazadas la mayoría de sus alegaciones. El PP también ha declarado que no ha mantenido contacto con Collboni y que su voto aún está indeciso.