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El Govern y entidades sociales logran reubicar a 120 de 180 personas en situación de vulnerabilidad del B9

El Govern y entidades sociales logran reubicar a 120 de 180 personas en situación de vulnerabilidad del B9

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha expresado su preocupación por la falta de acción del Ayuntamiento de Badalona en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad que fueron desalojadas del antiguo instituto B9. En una reciente reunión entre el Gobierno y diversas entidades sociales, se logró el reallotjamiento de 120 de las 180 personas identificadas como vulnerables que residían en el edificio. Martínez Bravo destacó que estas personas contarán con alojamiento temporal durante el periodo navideño, especialmente considerando las condiciones climáticas adversas que se prevén.

El acuerdo alcanzado también incluye a aquellos que, desde hace una semana, han estado pernoctando bajo un puente de la autovía C-31, así como a aquellas personas que no pudieron ser acogidas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat por la presión de los residentes locales y a quienes ocupaban el antiguo albergue de Can Bofí Vell.

A pesar de los esfuerzos, la consellera reconoció que alrededor de 60 personas han rechazado ser reubicadas, lo que atribuyó a la complejidad de gestionar estas derivaciones desde el Ayuntamiento. Martínez Bravo mencionó que, a diferencia del consistorio de Badalona, el de Barcelona sí realizó derivaciones en casos de extrema vulnerabilidad, aunque estas no fueron suficientes, cubriendo solo el 16% de las personas identificadas como vulnerables en el B9.

Durante su intervención en un programa matutino, Martínez Bravo también criticó la inacción del Ayuntamiento respecto a la reactivación de Can Bofí Vell, un espacio cerrado en los últimos meses. La consellera había solicitado por carta al alcalde, Xavier García Albiol, la reapertura de este lugar para ofrecer una solución inmediata a los desalojados, pero el alcalde se negó, alegando que no se encontraba en condiciones adecuadas.

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A pesar de las críticas a la gestión del Ayuntamiento, Martínez Bravo subrayó que la situación en el asentamiento era compleja y, aunque se dieron casos de delitos, la mayoría de las personas que residían allí lo hacían por falta de alternativas habitacionales.