Incompatibilidades entre la normativa de la UB y el derecho europeo: un análisis profundo
Un análisis jurídico elaborado por la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB), en respuesta a una solicitud de la patronal Unauto-VTC, ha identificado diversas contradicciones y discrepancias entre la nueva ley del taxi, que se discutirá esta semana en el Parlamento, y el marco del derecho europeo. Este informe destaca que las incompatibilidades son especialmente notables en aspectos como la libertad de establecimiento, la competencia entre operadores y las restricciones impuestas a los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
El documento también señala que la falta de estudios empíricos y de justificaciones técnicas suficientes debilita la base de la normativa propuesta, lo que podría dar lugar a reclamaciones patrimoniales contra el Estado. Según el informe, la ley establece diferencias artificiales entre los taxis, considerados servicios de interés económico general, y los VTC, lo cual carece de fundamento y contradice la jurisprudencia de la Unión Europea. Asimismo, se apunta que la legislación promovería un régimen de monopolio para el taxi, vulnerando la libertad de establecimiento contemplada en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
El estudio, firmado por el catedrático de derecho administrativo José Esteve Pardo y el profesor Marc Tarrés, advierte a la patronal del sector de alquiler de vehículos con conductor en Cataluña que la propuesta de ley sobre el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas carece de una sólida base jurídica. Se destacan «múltiples inconsistencias y contradicciones» en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2023 ya había declarado contrarias al derecho europeo ciertas disposiciones de un reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que limitaba el número de licencias para VTC. En aquella ocasión, el TJUE dictaminó que la exigencia de otorgar una licencia de VTC por cada 30 taxis, junto con la necesidad de una autorización adicional, constituía una restricción a la libertad de establecimiento garantizada por el derecho comunitario.
