Investigación de la Fiscalía a Albiol por el desalojo de migrantes en el B9 de Badalona
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha iniciado una investigación relacionada con el desalojo de aproximadamente 200 migrantes del antiguo instituto B9 en Badalona, tras la denuncia presentada por el eurodiputado Jaume Asens. En su denuncia, Asens sostiene que los hechos que rodearon el desalojo podrían constituir delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y un delito de odio, el segundo de los cuales podría conllevar penas de prisión. Además, ha solicitado que se indague sobre posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.
La investigación abarca varios aspectos, desde la solicitud de información al Ayuntamiento de Badalona sobre las acciones realizadas durante el desalojo, hasta la convocatoria como testigo de un periodista que había publicado declaraciones controvertidas del alcalde Xavier Garcia Albiol en una reunión con vecinos opuestos al realojo de los migrantes.
Desde el Ayuntamiento de Badalona se ha defendido que el desalojo se llevó a cabo conforme a la resolución judicial correspondiente, y han argumentado que se estableció un dispositivo de Servicios Sociales para atender a las personas afectadas. Según fuentes municipales, la denuncia es un intento de utilizar la justicia para sus propios intereses, sin base técnica ni jurídica.
El alcalde Albiol, quien ha manifestado que no invertiría recursos en reubicar a «delincuentes», ha afirmado que durante el desalojo había un equipo de diez trabajadores de Servicios Sociales disponibles para atender a quienes lo necesitaran. De estos, alrededor de cincuenta personas solicitaban asistencia en el lugar. Este operativo es lo que el gobierno local menciona para justificar el cumplimiento de la resolución judicial.
La Fiscalía ya había solicitado anteriormente explicaciones sobre la protección ofrecida a los desahuciados. La jueza que autorizó el desalojo subrayó en su resolución que se debía seguir el protocolo de asistencia para las personas sin hogar, y que se debía remitir un informe sobre las acciones llevadas a cabo. En el documento se indicaba que no había presencia permanente de niños y mujeres en el recinto.
Los informes citados por la magistrada, que datan de septiembre y octubre de 2025, concluyen que se debía activar un dispositivo municipal para atender a quienes hicieran solicitudes de asistencia social durante el desalojo.
