La Ley del Taxi en el Parlament: Fechas de Votación y Claves sobre Uber y VTC
La nueva ley del taxi llega al Parlamento: ¿cuándo se vota y qué implica para Uber y otras VTC? La legislación comenzará su trámite parlamentario la próxima semana, cuando se prevé que el pleno desestime la enmienda a la totalidad presentada por Vox, lo que permitirá avanzar con el texto propuesto por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP.
Este proyecto de ley, que busca regular el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, ha logrado un consenso notable en el Parlamento catalán y se desbloquea tras varias prórrogas en la presentación de enmiendas. El próximo miércoles 11 de marzo, la Cámara decidirá si avanza en su tramitación, un paso que se da por hecho gracias a la mayoría que respaldan los grupos promotores, a pesar de las diferencias ideológicas.
Después de un tiempo en espera, la Junta de Portavoces ha incluido la ley en el orden del día del próximo pleno, con la intención de establecer un marco normativo que categorice el taxi como un servicio público de interés económico general. Esto busca poner fin a años de conflicto en las calles y proporcionar estabilidad tanto a los taxistas como a las VTC, que quedarán en una posición secundaria en el área metropolitana.
Si se cumplen las expectativas, las ponencias y audiencias en la comisión de territorio podrían comenzar a mediados de marzo, aunque la aprobación final podría demorarse hasta finales de 2026, ya que se ha descartado la vía de urgencia para permitir una revisión cuidadosa del texto.
La propuesta representa un cambio significativo en la concesión de licencias urbanas, priorizando el taxi y buscando una cobertura territorial completa, con la meta de erradicar las VTC de manera gradual. Para los Comuns y la CUP, esta es una herramienta esencial para garantizar condiciones laborales dignas y proteger a los trabajadores frente a las grandes plataformas digitales como Uber y Cabify.
El PSC ha defendido que el taxi es un complemento esencial al transporte público regulado, mientras que ERC reivindica su autoría en la norma, originada durante su mandato en la Generalitat, con el objetivo de pacificar la movilidad en Barcelona y su área metropolitana. En este proceso, el liderazgo de Tito Álvarez de Élite Taxi ha sido clave para presionar a los partidos a la implementación de este nuevo marco legal.
En cuanto al control de plataformas como Uber y Cabify, la ley establece medidas contundentes para frenar las prácticas irregulares que han caracterizado la última década. Se exigirá la instalación obligatoria de dispositivos de geolocalización en todas las flotas para que la administración pueda monitorear los servicios y detectar infracciones en tiempo real, eliminando así las zonas grises en la captación de clientes.
Además, se incrementarán notablemente las sanciones, con multas que podrían llegar hasta los 6.000 euros por operar sin autorización o por falsificar documentos, mientras que la captación de pasajeros sin precontratación o el incumplimiento de los requisitos técnicos se penalizará con sanciones de hasta 4.000 euros.
A pesar del consenso general, el trámite parlamentario también abrirá el debate sobre cuestiones lingüísticas y técnicas. Tanto Junts como la CUP han anticipado la presentación de enmiendas para elevar el nivel de catalán requerido a los conductores, buscando que el requisito mínimo sea un B2, en lugar del B1 establecido en el texto actual, argumentando que el dominio del idioma es fundamental para ofrecer un servicio de calidad.
Junts, por su parte, ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad jurídica del texto, buscando evitar que la ley se vea envuelta en litigios, mientras se asegura la libre competencia dentro de un marco regulado que proteja el interés general.
