La Paeria presenta una innovadora Ordenanza para regular la ocupación del subsuelo, vuelos y zanjas en el dominio público municipal

El Ayuntamiento de Lleida avanza en la creación de una nueva normativa que regulará la ocupación del subsuelo, el vuelo y la apertura de zanjas en el dominio público municipal. Este esfuerzo tiene como objetivo establecer criterios precisos en materia de calidad y seguridad para las obras realizadas en la vía pública, al tiempo que se fortalecerán los mecanismos de inspección y control.

Cristina Morón, tercera teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Movilidad y Civismo, presentó ante la Comisión Informativa el estado de los trabajos relacionados con esta nueva Ordenanza. La normativa busca ordenar el uso del espacio público, aclarando las exigencias técnicas y de seguridad que deben cumplirse.

La concejala destacó que este documento pretende ofrecer un marco claro y legal que regule el uso del dominio público, facilitando así la labor de las empresas suministradoras y otros actores que operen en la vía pública, asegurando siempre la calidad y seguridad de las intervenciones.

Entre las especificaciones que abarcará la ordenanza se encuentran las condiciones para la reposición de pavimentos, las pautas para la ejecución de obras y los requisitos mínimos de calidad y seguridad necesarios para las actuaciones en el espacio público.

Asimismo, la normativa establecerá las disposiciones legales sobre la ocupación del dominio público, incluyendo los requisitos que deberán cumplir los proyectos para obtener las licencias correspondientes, así como los procedimientos administrativos asociados. También se implementará un régimen de infracciones y sanciones para garantizar un uso adecuado del espacio público y abordar posibles incumplimientos.

Los aspectos más destacados de esta iniciativa incluyen:

– Definición de condiciones mínimas de calidad y seguridad para las obras en el dominio público, especialmente en lo que respecta a la correcta reposición de los pavimentos.
– Establecimiento de mecanismos para la regulación de infracciones, con un refuerzo en la inspección y la posibilidad de sanciones.
– Mejora en la planificación de las intervenciones de las distintas empresas de suministro, con el fin de minimizar las molestias a la ciudadanía.
– Creación de un marco legal actualizado que se adapte a la normativa vigente, especialmente en relación con la nueva Ley de Telecomunicaciones.