La prórroga del nuevo sistema de facturación retrasa el cierre de tiendas
La reciente prórroga del nuevo sistema de facturación ha pospuesto el cierre de numerosos establecimientos. Para aquellos que superan los 60 años y han dedicado toda su vida al comercio tradicional, la transición al sistema digital Verifactu, que implica un control inmediato de la facturación por parte de la Agencia Tributaria, se presenta como un reto monumental. Esta situación ha llevado al Gobierno de España a ampliar el plazo de implementación, lo que a su vez detiene temporalmente el previsto aumento de prejubilaciones y cierres entre los pequeños empresarios que se ven incapaces de realizar una inversión que consideran poco viable en esta etapa de su carrera.
El Gremio de Carniceros, Charcuteros y Aviram de Barcelona ha advertido que, sin la prórroga, se podría haber perdido el 10% del sector este año, en un contexto donde la dificultad para encontrar relevos profesionales es palpable. Los líderes de esta patronal abogan por que la nueva normativa no afecte a los mayores de 60 años, con el fin de evitar cierres masivos sin sucesores que continúen con el negocio familiar.
La legislación antifraude, conocida como Verifactu, ha generado inquietud en el ámbito comercial, ya que muchos consideran que su actividad ya está suficientemente controlada mediante facturas simplificadas. La normativa, que iba a entrar en vigor en enero pero se ha pospuesto un año, exige la transmisión inmediata de datos de facturación a la Agencia Tributaria mediante software especializado y sistemas de lectura de código QR. Para las pequeñas empresas, esto implica una inversión significativa en tecnología, particularmente para aquellos comercios que venden productos al peso, como carnicerías y panaderías. Las balanzas de última generación pueden superar los 3.000 euros y solo las más modernas son adaptables, según los comerciantes afectados.
Antoni Gálvez, presidente del Gremio de Carniceros, ha expresado que «una parte del sector cerrará si sus finanzas son frágiles, mientras que otros optarán por la prejubilación ante la necesidad de no realizar una inversión que no podrán recuperar» si no hay un relevo generacional. A partir de experiencias previas en el País Vasco, donde se registró un 8% de cierres y jubilaciones anticipadas durante la implementación de un sistema similar, se estima que al menos el 10% de los comercios de la provincia de Barcelona podrían desaparecer una vez entre en vigor la regulación.
Aunque la prórroga proporciona un respiro temporal, los efectos de esta normativa se sentirán tarde o temprano. Gálvez ha preparado su negocio, Cárnicas Merche, para afrontar el cambio, pero es consciente de que muchos pequeños empresarios y autónomos aún no han podido asumir este desafío. La situación se complica aún más para los oficios que no cuentan con nuevas generaciones dispuestas a tomar el relevo familiar.
A lo largo de los años, las asociaciones del sector han reclamado una formación profesional adecuada para mantener vivas estas profesiones, que ya no se transmiten de padres a hijos debido a su sacrificio. La Generalitat ha comenzado a ofrecer cursos este año, y desde Mercabarna se ha impulsado un programa para formar a nuevos trabajadores, en su mayoría inmigrantes en busca de oportunidades laborales. Este programa permite que los participantes aprendan durante cuatro meses, combinando formación y trabajo durante otros dos, con una compensación equivalente al 65% del salario mínimo interprofesional.
Este esfuerzo busca nutrir al gremio, que enfrenta un envejecimiento progresivo de su fuerza laboral, aunque Gálvez considera que aún es «insuficiente» para el sector. Para el próximo año, se ampliarán los cursos desde Mercabarna, el Vallès y el Maresme, tratando de ofrecer no solo formación técnica, sino también conocimientos sobre comercio. Sin embargo, el empresario también señala la necesidad de aprender catalán y mejorar la atención al público.
Pròsper Puig, presidente de GremiCarn Barcelona y de la Federación Catalana de Charcuteros y Carniceros, comparte el diagnóstico de Gálvez, pero advierte que el impacto del Verifactu se extenderá más allá de su sector, afectando a comerciantes de diversas áreas que podrían adelantarse a su retiro para evitar gastos insostenibles. A su juicio, esta regulación, que se ha postergado hasta 2027, podría amenazar una parte importante del ecosistema comercial, especialmente considerando que el sector ya está suficientemente controlado.
Mirando hacia el futuro, Puig enfatiza que la formación debe ser «mejor y más reglada» para fomentar el surgimiento de nuevos perfiles empresariales. No obstante, se muestra optimista respecto a la supervivencia de aquellos profesionales que ofrecen un servicio personalizado al cliente, a pesar de la competencia de los autoservicios. «Las empresas familiares serán reemplazadas por otras de mayor tamaño, aunque con menos identidad», concluye.
