PSC y Junts alcanzan un acuerdo para reformar la ordenanza de civismo en Barcelona
El Gobierno Municipal de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, ha alcanzado un acuerdo con el partido Junts per Barcelona para modificar la ordenanza de civismo, vigente desde hace dos décadas. Esta colaboración, anunciada por el presidente de Junts, Jordi Martí, se produce tras meses de intensas negociaciones, en las que se han incorporado las alegaciones presentadas por los postconvergentes.
Martí destacó la importancia de esta modificación, señalando que se trata de una norma que ha quedado obsoleta y que ha sido incumplida de manera flagrante. Aseguró que la nueva ordenanza reflejará la «esencia de Junts» y subrayó que el pacto es con la ciudadanía, y no exclusivamente con el PSC.
Desde el gobierno de Collboni, se celebró el apoyo de Junts, enfatizando el trabajo conjunto realizado para alcanzar un consenso que permita una norma más efectiva. La aprobación inicial de esta modificación está programada para una comisión extraordinaria que se llevará a cabo próximamente, antes de la votación definitiva en el pleno del 19 de diciembre. Además, el gobierno también contará con el respaldo de ERC, tras cerrar un acuerdo con los republicanos.
Las propuestas de Junts buscan asegurar el cumplimiento efectivo de la norma e incluyen medidas específicas, como la regulación de la captación de personas en la vía pública para el consumo de ca
abis y el endurecimiento de sanciones por grafitis, venta ambulante y botellones. También se garantizará que la lengua catalana tenga un papel predominante en las campañas informativas sobre la nueva ordenanza.
Martí hizo hincapié en la necesidad de una coordinación más efectiva entre el Ayuntamiento y otras administraciones para mejorar la recaudación de multas, que actualmente es de solo un 16% entre 2023 y 2024. Para abordar esta situación, se planteará la creación de una unidad específica encargada de gestionar los expedientes relacionados con la convivencia.
Con el apoyo de los 11 regidores de Junts y el acuerdo con ERC, la norma tiene posibilidades de ser aprobada con una mayoría significativa. Sin embargo, los Comuns y el PP han anunciado su intención de votar en contra de la modificación, señalando su desacuerdo con diversas propuestas presentadas.
A su vez, ERC ha planteado exigencias para asegurar que las sanciones no afecten negativamente a las personas migradas y ha demandado la incorporación de más agentes de la Guardia Urbana. A pesar de las diferencias con Junts sobre el tratamiento de los informes de arraigo, se ha logrado avanzar en el diálogo para actualizar una ordenanza que ambas formaciones consideran necesaria.
