Investigación a altos cargos de TV3 por posible malversación de fondos públicos
La situación en torno a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que incluye a TV3 y Catalunya Ràdio, ha generado un fuerte debate político y social en Cataluña. María García Fuster, representante de Vox, ha solicitado el cierre de TV3, argumentando que se ha convertido en una de sus mayores preocupaciones. Esta controversia se intensifica con la denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) en abril de 2025, que se basa en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Este informe señala irregularidades en las remuneraciones de los directivos de la CCMA durante los años 2021 y 2022, incluyendo pagos que superan el límite legal y posibles indicios de malversación.
La jueza encargada del caso ha indicado que existen razones para investigar delitos relacionados con la gestión pública que podrían perjudicar el interés general, lo que ha llevado a citar a los directivos de la CCMA como investigados para los meses de abril y mayo de 2026. La CCMA ha defendido su gestión, afirmando que las irregularidades se produjeron antes de la llegada de la actual dirección, que asumió el cargo en 2022, y que desde entonces se han corregido las anomalías.
El informe revela que las cifras de gastos de personal fueron de 4,27 millones de euros en 2021 y 4,70 millones de euros en 2022, con una notable diferencia en las retribuciones de los directivos, que superaron el límite legal establecido. Asimismo, se destaca un aumento del 10% en los costos laborales y un incremento del 30% en las retribuciones del personal directivo en 2022.
Las reacciones políticas han sido diversas. SCC ha apoyado la apertura de la causa, considerándola un patrón sistemático de gestión irregular de fondos públicos. Por otro lado, desde Junts per Catalunya (JxCat) se ha manifestado solidaridad con la dirección de la CCMA y se ha criticado el uso de la denuncia como arma política. Vox, por su parte, a través de su portavoz Mónica Lora, ha manifestado su intención de cerrar lo que califica como una «cueva de bandidos». El diputado del PP, Hugo Manchón, también ha planteado la gravedad de la situación, señalando la discrepancia entre las dificultades económicas de muchos catalanes y los excesos en la CCMA.
La credibilidad de la CCMA se encuentra en juego, ya que estos hechos afectan directamente la confianza en un ente público que se sostiene con fondos autonómicos y que juega un papel fundamental en la percepción de la transparencia institucional en Cataluña. La denuncia de SCC añade una dimensión política y cultural al asunto, intensificando el escrutinio sobre la gestión y financiamiento de los medios públicos en la comunidad. La convocatoria a declarar de los investigados sugiere que la justicia está actuando en un contexto mediático muy sensible, lo que podría llevar a cambios significativos en la dirección y responsabilidad de la CCMA.
