La Generalitat adquiere más de 1.000 viviendas de La Caixa para fortalecer el parque público de alquiler en 15 municipios de Cataluña
La Generalitat de Catalunya ha alcanzado un acuerdo significativo con InmoCaixa para adquirir un total de 1.064 viviendas destinadas al alquiler, que se integrarán de forma permanente en el parque público de la región. La operación, anunciada por el presidente Salvador Illa durante la Fira de Sabadell, implicará una inversión de 87,2 millones de euros, lo que equivale a un costo promedio de 82.000 euros por vivienda.
Illa destacó la importancia de esta inversión, señalando que muchas de las viviendas estaban a punto de perder su condición de alquiler social. Gracias a esta transacción, se convertirán en viviendas protegidas de manera definitiva, con alquileres adaptados a esta nueva categoría.
Las propiedades están distribuidas en 15 municipios, que incluyen Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet (zona del Carrilet), Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona y Sabadell. En su mayoría, son viviendas ya ocupadas que cambiarán de propietario pero mantendrán el régimen de alquiler.
El presidente enfatizó el valor social de esta operación, afirmando que garantiza la estabilidad residencial de muchas familias, que podrán continuar viviendo en sus hogares pagando la misma renta, sin sobresaltos. Este movimiento se considera un rescate de viviendas del mercado, protegiendo a los hogares que, sin esta intervención, podrían haber perdido acceso al alquiler social.
La Generalitat subrayó que el precio medio por vivienda representa un uso eficiente de los recursos públicos, ya que amplía el parque de alquiler asequible sin necesidad de esperar nuevas promociones. El Incasòl será el encargado de gestionar los inmuebles junto con el Departamento de Territorio y los municipios, especialmente en áreas con mercados inmobiliarios tensos.
Con esta adquisición, las colaboraciones entre el Departamento de Territorio y InmoCaixa han superado las 1.900 viviendas añadidas al parque público en el último año. Illa reafirmó el compromiso del gobierno de seguir adquiriendo viviendas que, sin intervención, se perderían para el alquiler asequible, y defendió que contar con un parque público amplio permite tener una influencia real en el mercado de alquiler.
Esta compra se inscribe dentro del Plan 50.000, cuyo objetivo es que el 15% del parque residencial catalán sea de propiedad pública. Una de las estrategias centrales del plan es la adquisición de lotes de viviendas ya construidas a grandes propietarios para incrementar rápidamente el parque público.
Por su parte, InmoCaixa integra esta operación en su proceso de desinversión responsable, iniciado en 2021, priorizando primero a los inquilinos interesados en la compra y, en segundo lugar, a las administraciones públicas que destinen los activos a alquiler asequible. Illa concluyó enmarcando esta acción dentro de una estrategia más amplia de intervención pública en el sector de la vivienda, subrayando que, si es necesario, se regulará el mercado.
